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¿HIJOS DE QUÉ GUERRA? Cronología del populismo

Слово Просвіти, №06 за 2011 рік

Petro ANTONENKO. Recordemos la esencia de la cuestión. La Ley de Ucrania “Sobre la protección social de los hijos de la guerra” fue aprobada por el parlamento en otoño de 2004 y firmada por el presidente L. Kuchma el 18 de noviembre del mismo año. Es necesario recordar las fechas exactas, porque esto está directamente relacionado tanto con la aprobación de la Ley como con su contenido. Fue en pleno apogeo de la campaña electoral presidencial, por lo que no es casualidad que, precisamente en la fiebre electoral, el poder impulsara esta Ley a través del parlamento. Pues, recordemos, el oponente de Viktor Yushchenko en la segunda vuelta de las elecciones era el candidato del poder de Kuchma, Viktor Yanukovych, el entonces primer ministro de Ucrania. Otro momento interesante: la Ley debía entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2006. Un momento bastante inusual en la práctica legislativa: el aplazamiento de la Ley, la entrada en vigor de la misma recién en el segundo año tras su aprobación. Es decir, el futuro ganador de las elecciones tendría que comenzar a implementar esta Ley solo un año después, lo cual es bastante importante, considerando (como veremos más adelante) la esencia de la Ley. Por lo tanto, en nuestra legislación se introdujo una nueva definición jurídica: “hijos de la guerra”. Esta es (cito) “la persona que es ciudadana de Ucrania y que al momento de la finalización (2 de septiembre de 1945) de la Segunda Guerra Mundial tenía menos de 18 años”. Es decir, personas nacidas entre el 1 de septiembre de 1927 y el 1 de septiembre de 1945. Cabe señalar que muchas de estas personas ya formaban parte de algunas categorías sociales y estaban bajo la protección de las leyes correspondientes. Por ejemplo, los participantes de la guerra. Pues los de 18 años, o incluso más jóvenes, en 1945 lograron combatir al final de la guerra, algunos incluso quedaron inválidos y caían bajo esta categoría de protección social. En su momento, la categoría de participantes de la guerra fue ampliada, incluyó no solo a los antiguos combatientes del frente. No olvidemos tampoco una página tan dura de nuestra historia como la expulsión forzosa por parte de los fascistas a la esclavitud de jóvenes muchachos y chicas, a veces incluso de 15 o 16 años. Esta es la categoría de los llamados trabajadores del este (Ostarbeiters). Y finalmente, había otros aún más desgraciados: los prisioneros menores de edad de los campos fascistas, a quienes también se les había previsto la protección social correspondiente. Pero el Estado decidió tomar bajo su tutela a todos aquellos cuya infancia fue quemada por la guerra. Leemos en la Ley la motivación de tal paso: “Las garantías sociales estatales para los hijos de la guerra se establecen con el fin de: reconocer a nivel estatal el difícil camino vital de los ciudadanos de Ucrania cuya infancia coincidió con los años de la Segunda Guerra Mundial”. El objetivo es noble y comprensible. Lo que muchos vivieron en la edad infantil es difícil de transmitir. Lo primero: millones de estos hijos de la guerra quedaron huérfanos o semihuérfanos. La ocupación o la evacuación, el trabajo nada infantil, la miseria, el hambre durante la guerra y el hambre de 1947: todo esto lo vivieron. Cada año son menos. Entonces, ¿qué pudo prometer y hacer nuestro Estado para su protección más de 60 años después de la guerra? La Ley es bastante lacónica, solo cuatro capítulos, 11 artículos, la protección social está redactada concretamente. ¿Qué exactamente? La primera categoría de beneficios se refiere al… trabajo. Si tenemos en cuenta que en el momento de la entrada en vigor de la Ley, el 1 de enero de 2006, los hijos de la guerra más jóvenes tenían 61 años y los mayores cerca de 80, es decir, todos ellos estaban en edad de jubilación, entonces resultan bastante exóticos beneficios como “el derecho a la permanencia preferente en el trabajo en caso de reducción del número o del personal de empleados”, “el uso de las vacaciones anuales en el momento conveniente para ellos”, “el pago del 100 por ciento de las bajas por enfermedad, independientemente de la antigüedad laboral”. Aunque, por supuesto, un puñado de hijos de la guerra trabajaba y trabaja y aprovechó estos beneficios. El segundo beneficio se refiere al transporte gratuito en el transporte urbano, en autobuses suburbanos y trenes. Sin embargo, en cuanto a los trenes eléctricos, las personas tienen este derecho de todos modos como pensionistas comunes. Existe también una serie de beneficios para el tratamiento médico, dentro de las posibilidades de nuestra pobre medicina. Un beneficio más sustancial y real es el descuento del 25 por ciento en el pago de los servicios públicos, aunque “dentro de los límites de las normas medias de consumo”. Y ahora es momento de pasar al beneficio más agudo, por no decir escandaloso, que desde hace 5 años agita a este entorno. Es el infame artículo 6 de la Ley. Con él, se garantizó a los hijos de la guerra un suplemento mensual a la pensión (o al mantenimiento monetario vitalicio, ayuda social estatal) por un monto del 30 por ciento de la pensión estatal mínima. Este suplemento del 30 por ciento se convirtió en el objeto de una nueva guerra con los hijos de la guerra. Inició esta guerra precisamente el Estado, que se comprometió en la Ley a financiar las garantías sociales a costa del Presupuesto Estatal de Ucrania. Y dicho pago debe realizarse a través del Fondo de Pensiones de Ucrania. Pero, al parecer, a ninguno de los millones de hijos de la guerra durante todos estos 5 años el Fondo de Pensiones del Estado le pagó los suplementos sin demandas judiciales. Señalemos que el Estado nunca incluyó en el presupuesto estatal este suplemento del 30 por ciento para los hijos de la guerra. Tanto en 2006 como en 2007, los gobiernos presentaron tranquilamente al parlamento un proyecto de presupuesto con cifras significativamente más bajas. O intentaron regular esto mediante decretos gubernamentales. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Ucrania en 2008 reconoció tales acciones del poder legislativo y ejecutivo como inconstitucionales. La motivación es lógica: de acuerdo con la Constitución de Ucrania, no se pueden aprobar leyes, decretos u otros actos normativos que conduzcan a la reducción de las garantías sociales en comparación con las normas vigentes. El Tribunal Constitucional no solo anuló la arbitrariedad legal del parlamento y el gobierno de los años anteriores, sino que reconoció que el Estado adeudaba a los hijos de la guerra ciertas sumas de suplementos. ¿Cuáles son estas sumas, considerando que más tarde se introdujo un cambio en la Ley, según el cual el monto del suplemento para los hijos de la guerra no es del 30 por ciento de la pensión, sino que es igual al suplemento establecido para los participantes de la guerra? Por lo tanto, por el año 2007 (durante los 12 meses) el Estado debía pagar a cada uno de los hijos de la guerra un suplemento de 1442,7 grivnas, por el año 2008 — 1738,9 grivnas, por el año 2009 — 1958,4 grivnas. Como vemos, esto es aproximadamente de 120 a 160 grivnas al mes, lo que habría sido un complemento sustancial al presupuesto no muy rico de un pensionista, hijo de la guerra. Multipliquemos estas sumas por varios millones de hijos de la guerra y tendremos una enorme suma de deuda del Estado. Según los cálculos de la organización pública panucraniana “Defensa de los hijos de la guerra”, creada, por cierto, de acuerdo con el art. 8 de la Ley, la deuda total del Estado por este beneficio ya asciende a 35 mil millones de grivnas. ¿Qué sigue? Los más decididos, o quizás los más pobres y al mismo tiempo curtidos en batallas burocráticas, comenzaron a demandar al Estado. De nuevo, las estadísticas. Durante estos años, 1,5 millones de hijos de la guerra presentaron demandas ante el tribunal para el pago de dichos suplementos. ¿El resultado? Las demandas judiciales absolutamente ganadoras las ganaron y reciben los suplementos legales 50 mil ciudadanos, lo que representa… apenas el 3 por ciento de los que presentaron la demanda. ¿Y el 97 por ciento restante? Alguien también ganó la demanda, recibió en sus manos la decisión del tribunal sobre el pago de las deudas y los pagos debidos posteriores. Pero… nunca recibió ni recibe ni un kopek. Estas hermosas decisiones judiciales pueden engrosar la colección de otras similares. Por ejemplo, las decisiones de los tribunales sobre el pago a los ciudadanos de depósitos bancarios con intereses. Aquellos depósitos robados descaradamente a la gente por bancos que no devuelven el dinero a las personas. Por lo tanto, la decisión del tribunal existe, el dinero no. Y para ese “no hay” tampoco hay nada: ni ley, ni castigo. Y eso no es todo. Miles de demandas presentadas siguen dando vueltas en los tribunales. Y no se ha tomado ninguna decisión al respecto por la razón de que el propio Fondo de Pensiones decidió litigar en una situación jurídica absolutamente transparente (¡hay que pagar!). Recientemente, se dedicó una conferencia de prensa en UNIAN a estos extraños juicios por parte de la representación ucraniana de la Fundación Internacional Renacimiento. En su seno opera el programa Estado de Derecho. Precisamente a los representantes de este programa, así como a otros abogados, acuden en busca de ayuda miles de ciudadanos comunes: los niños de la guerra. Los abogados intentan aliviar al menos un poco las tribulaciones judiciales de estas personas. ¡Cuánta salud, nervios, tiempo y dinero deben gastar las personas de 70 a 80 años en estas batallas judiciales! Bajo los tribunales se pueden encontrar larguísimas colas de ciudadanos «socialmente protegidos» por la ley y el Estado, con el fin de presentar una demanda. Y luego soportar estos procesos en los tribunales. Desde hace algún tiempo, el Fondo de Pensiones comenzó a presentar masivamente apelaciones contra las decisiones judiciales relativas a los niños de la guerra. Y nuestro sistema judicial es progresista y democrático: si se presenta una apelación, debe ser examinada. Como resultado, en el llamamiento de las organizaciones de derechos humanos hecho público en la conferencia de prensa, se señala que los órganos del Fondo de Pensiones soportan una carga adicional, gastan el tiempo de trabajo de sus abogados en la preparación de recursos de apelación y casación (absolutamente desesperados), fondos para pagar este trabajo sin sentido y en gastos judiciales. Aumenta el número de decisiones judiciales no ejecutadas, el Fondo de Pensiones interviene activamente en las batallas judiciales. ¿No es hora de poner fin a todo esto, dado que la Ley, que afecta a millones de ciudadanos mayores, se ha convertido en uno de esos actos inoperantes de los que ya tenemos suficientes? En una ocasión se calculó que, si se garantizara la ejecución de todos los beneficios previstos por las leyes, se necesitarían tres presupuestos estatales anuales más. Hay innumerables ejemplos. Entre en una farmacia. Casi la mitad de los visitantes tienen beneficios en medicamentos. Y los «tienen, pero no los tienen», porque nadie asigna fondos a las farmacias para estos beneficios. Los «beneficios» a los ciudadanos se estampan como en una cadena de montaje, antes de las elecciones y sin ellas, pero lejos de concederse siempre. Especialmente a los «ucranianos comunes». ¿Cuál es la salida? Probablemente, es hora de abandonar las promesas demagógicas y el populismo en el reparto de los llamados «beneficios». Pero esto no significa que debamos olvidarnos de la protección social de las categorías de personas más vulnerables. Y en cuanto a los niños de la guerra, esta Ley debe cumplirse. Pero para ello, al igual que para la protección social en general, no solo se necesita otra economía, sino también otro pensamiento estatal y social, otra filosofía: de humanidad, no de depredación. Lamentablemente, como señaló en la conferencia de prensa el presidente del Comité de Lugansk para la Defensa de los Derechos Constitucionales de los Ciudadanos, Mykola Kozyriev, «la legalidad en nuestro Estado está dirigida “lejos de la persona”, y del modelo económico post-Kuchma, que el defensor de los derechos humanos llamó acertadamente “yanukonomía”, no hay nada que sacar». …El mayor de los niños de la guerra entra en su año 84. ¿Acaso el Estado espera a que el «tiempo» resuelva gradualmente la «protección social» de estas personas? En el tejido de los problemas sociales de los últimos años, uno de los más escandalosos ha sido el tema de la protección social de los llamados niños de la guerra. Surgió constantemente durante las campañas electorales y fue un medio de promesas demagógico-populistas. Y ahora, en el contexto del agravamiento de las cuestiones sociales, ha adquirido facetas nuevas e inesperadas.

«Слово Просвіти», CC BY 4.0; machine translation from Ukrainian by Prosvita.Digital · PDF w Wikimedia Commons ↗ · Tłumaczenie maszynowe

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