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La lucha por el estatus no solo de papel de la lengua ucraniana continúa
Слово Просвіти, №19 за 2017 рік
Tarás MARUSYK
Nuestra realidad lingüística actual no es menos severa que en los años y periodos anteriores. La prueba de paciencia de los ucranianos en el frente lingüístico continúa. Porque, en verdad, hay que ser increíblemente pacientes para tolerar durante cinco años un acto aprobado entre las paredes de la Rada Suprema de Ucrania con todas las violaciones constitucionales imaginables e inimaginables, tanto de carácter procedimental como del propio “cuerpo” de la Constitución de Ucrania. Sobre esto ya se ha dicho mucho, en particular en las audiencias en el Tribunal Constitucional de Ucrania en diciembre de 2016. Vivimos bajo la vigencia de la Ley “Sobre los fundamentos de la política lingüística estatal”, que ha restringido el ámbito constitucional de aplicación de la lengua estatal. Como ejemplo, tomemos el artículo 26 “Lengua de la publicidad y etiquetado de productos”, según el cual los anuncios publicitarios, mensajes y otras formas de productos publicitarios audiovisuales se realizan en la lengua estatal o en otra lengua a elección del anunciante. Y, basándose en la parte tercera del artículo 24 “Lengua de los medios de comunicación y editoriales”, las organizaciones de radio y televisión eliminaron de sus documentos de licencia los compromisos asumidos anteriormente sobre el 75 % de lengua ucraniana en las emisiones. Basta con empezar a hablar sobre la injusticia y el carácter criminal de esta ley, sin mencionar los primeros pasos pequeños, para que constantemente intenten obligarnos a justificarnos. Y cuando una persona se justifica, se le impone un complejo de culpa, como resultado de lo cual la situación lingüística se conserva. Los psicólogos saben esto. Como escribió con mucha precisión la periodista Larysa Voloshyn en el periódico “Den” sobre tales manipulaciones deliberadas de la conciencia de masas: “defender la lengua ucraniana significa al mismo tiempo atentar contra los derechos de los rusoparlantes... El hecho de que cada escándalo lingüístico creado artificialmente termine siempre con un llamamiento a los ucranianos a arrepentirse y confesar una actitud intolerante hacia los conciudadanos rusoparlantes, eso es la creación de una realidad distorsionada”. El 17 de noviembre de 2016 surgió una esperanza totalmente justificada de anulación de dicha ley, cuando el Tribunal Constitucional de Ucrania comenzó, en forma de audiencia oral, el examen del caso según la presentación constitucional de 57 diputados populares de Ucrania sobre la conformidad con la Constitución de Ucrania (constitucionalidad) de la Ley de Ucrania “Sobre los fundamentos de la política lingüística estatal”. El 13 y 14 de diciembre de ese mismo año, todos los protagonistas principales de las audiencias, sin excepción —tanto el juez ponente como los expertos y los testigos de la aprobación de la ley en el parlamento—, anularon moralmente esta ley. Merece una alabanza excepcional la posición del juez ponente Ihor Slidenko, quien no solo investigó exhaustivamente una enorme masa de casos —desde conclusiones científicas de más de una docena de instituciones científicas y universidades líderes de Ucrania, conclusiones de expertos conocidos, hasta materiales periodísticos y testimonios de numerosos participantes de la resistencia lingüística de 2011-2012—, sino que no tuvo miedo de mostrar la inacción criminal del presidente del Tribunal Constitucional de Ucrania, Yurii Baulin, la cual tiene sus definiciones en el código penal. Después del periodo de propuestas orales que el juez ponente transmitía a Yurii Baulin, Ihor Slidenko comenzó a dirigirse al presidente del tribunal semanalmente por escrito con la petición de poner en el orden del día una cuestión lista e incluso sobremadurada. Al hacerlo, registraba sus declaraciones en la secretaría. Y actuó así 32 veces, 32 semanas seguidas. Por eso parecía que la parte cerrada de la sesión plenaria, a la que pasaron los jueces del Tribunal Constitucional de Ucrania después del 14 de diciembre del año pasado, no se alargaría. El listón del optimismo respecto a la rápida adopción de una decisión positiva estaba bastante alto. Pero el optimismo comenzó a derretirse bastante rápido. Las sesiones del Tribunal Constitucional de Ucrania en modo cerrado comenzaron después de Navidad, el 13 de enero de 2017. Desde entonces, se han celebrado 11 sesiones: tres en enero (el 13, 19 y 26), tres en febrero (el 2, 7 y 24), dos en marzo (el 23 y 28) y tres en abril (el 4, 10 y 24). Además, tres sesiones anunciadas —el 15 de febrero, 15 de marzo y 20 de abril— no se celebraron. La próxima sesión sobre la inconstitucionalidad de la ley “Sobre los fundamentos de la política lingüística estatal” se celebrará no antes de mediados de mayo de 2017. Añadamos a esto que el mandato en el cargo del presidente del Tribunal Constitucional de Ucrania, Yurii Baulin, nombrado por el presidente de Ucrania Petro Poroshenko, terminó el 18 de marzo de 2017. El 15 de marzo ya había logrado rendir cuentas de su actividad. Ahora ejerce las funciones de presidente del Tribunal Constitucional de Ucrania hasta la elección de un nuevo dirigente y cuenta con retirarse en junio de este año sin mancha, es decir, jubilarse. De esto se deriva la primera conclusión, y no es muy optimista. Se vuelve cada vez más evidente que el presidente de esta instancia judicial se encuentra en la calle Bankova y solo él sabe cuándo y si se adoptará la decisión sobre la anulación de la ley de Kolesnichenko-Kivalov. Mientras tanto, los jueces tienen otros intereses y preocupaciones: la elección de un nuevo presidente y la espera de la nueva ley “Sobre el Tribunal Constitucional de Ucrania”. El reciente intento de los diputados de establecer al juez del Tribunal Constitucional una remuneración por importe de 75 salarios mínimos (más complementos mensuales por antigüedad, cargos administrativos y grados científicos) preveía el aumento de sus salarios a dimensiones cósmicas de varios cientos de miles de grivnas, pero fue detenido debido a la indignación masiva en el último momento antes de la segunda lectura del proyecto de ley en abril de 2017. Mientras tanto, se desarrolla otro drama: la lucha mutua de esa cantidad no excesivamente grande de personas interesadas en la anulación de la ley de Kolesnichenko-Kivalov y la aprobación de una nueva ley lingüística. Es sabido que en el parlamento hay registrados tres proyectos de ley (sin contar el proyecto de ley completamente especulativo del antiguo regional del “Bloque de Oposición” sobre el apoyo estatal, desarrollo, popularización y protección de la lengua rusa y las lenguas de las minorías nacionales). Sobre esto he tenido que pronunciarme repetidamente en los últimos meses, por lo que, como miembro del grupo de trabajo público para la revisión del proyecto de ley “Sobre la lengua estatal” n.º 5670, me detendré solo en el reproche principal de nuestros oponentes: el artículo 17 “La lengua estatal en el ámbito de la educación”. En particular, se nos acusa de permitir en el proceso educativo en las instituciones de enseñanza preescolar y general, junto con la estatal, la lengua de la minoría nacional correspondiente. En su opinión, no se debe permitir la enseñanza en esa lengua, sino solo el aprendizaje de la lengua de la minoría nacional. Entiendo esta posición, porque en Ucrania domina una lengua, la rusa, a la que llaman lengua de minoría nacional, lengua extranjera o lengua dominante en una parte significativa de Ucrania. Por eso hay que encontrar un mecanismo para poner un freno al dominio excesivo de esta lengua y a las manipulaciones en torno a los derechos de los rusoparlantes. Pero veamos qué dice la legislación. Primero, la Constitución de Ucrania determina: “A los ciudadanos que pertenecen a minorías nacionales, de acuerdo con la ley, se les garantiza el derecho a la enseñanza en su lengua materna o al aprendizaje de su lengua materna en las instituciones de enseñanza estatales y comunales o a través de sociedades culturales nacionales” (artículo 53). Segundo, lo mismo está estipulado en la ley “Sobre las minorías nacionales en Ucrania” (artículo 6). Tercero, la conocida posición del Medzhlis del pueblo tártaro de Crimea como pueblo indígena. A pesar de que la Constitución contiene tres menciones sobre los pueblos indígenas, no existe una ley sobre los pueblos indígenas, y el artículo lingüístico 10 de la Constitución no permite separar las lenguas de los pueblos indígenas. Si el objetivo es “tumbar” el proyecto de ley “Sobre la lengua estatal” antes incluso de su presentación en la sala de sesiones, entonces la crítica de los oponentes populistas es totalmente acertada. Para resolver este “nudo gordiano”, hay que aprobar adicionalmente una ley sobre la discriminación positiva y la superación de las consecuencias de la ocupación y una ley sobre los pueblos indígenas. Desde el principio se planeó preparar dos proyectos de ley —“Sobre la lengua estatal” y “Sobre los derechos de las personas que pertenecen a minorías nacionales”— y llevarlos a la sala de sesiones “en pareja”. Sin embargo, la enorme resistencia por parte de los diputados populares del comité especializado y otros comités parlamentarios corrigió un poco estos planes. En abril se registró el proyecto de ley “Sobre la introducción de cambios en algunas leyes de Ucrania respecto a la garantía del desarrollo y uso de las lenguas de las minorías nacionales en Ucrania”. En él se prevé que en la escuela primaria, donde la lengua de educación secundaria general junto con la estatal es la lengua correspondiente de la minoría nacional, la lengua estatal se enseña en un volumen suficiente para el posterior dominio de las asignaturas y cursos educativos en la escuela básica y superior. En la escuela básica, el volumen de enseñanza de asignaturas y cursos en lengua estatal no puede ser menor que el volumen de enseñanza en la lengua correspondiente de la minoría nacional, y en la escuela superior —
debe constituir no menos del 80 % de todas las asignaturas. En el contexto de las principales cuestiones lingüísticas de los últimos meses —la esperada decisión del Tribunal Constitucional de Ucrania y los proyectos de ley lingüísticos registrados—, el 26 de abril de 2017, el Gabinete de Ministros aprobó sin mucho ruido el procedimiento para realizar la certificación de las personas que aspiran a ingresar en el servicio público, respecto al dominio fluido del idioma estatal. Como es sabido, el 1 de mayo de 2017 entró en vigor el punto 5 de la parte primera del artículo 25 “Documentos para la participación en el concurso”, que prevé la certificación del dominio fluido del idioma estatal. El mencionado decreto del Gabinete de Ministros de Ucrania es un acto normativo muy imperfecto, que deja un asunto de tal importancia a consideración de las comisiones de certificación basadas en las instituciones de educación superior autorizadas. De hecho, es una profanación. La formación, la organización del trabajo y el control de la actividad de la comisión de certificación deben ser realizados por el rector, además, la elaboración de los cuadernillos de pruebas y las hojas de respuestas no estará unificada y cada universidad los hará a su manera. Pero la disposición más interesante está al final. El dominio fluido del idioma estatal puede ser confirmado por un certificado de educación secundaria general (5 puntos según la escala de evaluación anterior y 10 según la nueva) y diversos diplomas de educación superior. Una persona que posea uno de los documentos sobre el nivel de educación correspondiente puede dirigirse a la institución de educación superior autorizada con una solicitud para la emisión del certificado sin pasar por la certificación (punto 56). Al mismo tiempo, el certificado emitido tendrá validez indefinida. Por lo tanto, los nuevos Avakov podrán encajar sin mucha tensión en las realidades de la nueva construcción lingüística y, obviamente, seguir violando la Constitución. Por cierto, en el proyecto de ley público n.º 5670 “Sobre el idioma estatal” se detalla esta cuestión y se prevé un Certificado Estatal y un examen sobre el nivel de dominio del idioma ucraniano, que es el único documento en el Estado que confirma el nivel de dominio del idioma ucraniano, y lo emite el Centro del Idioma Ucraniano. En el contexto del artículo, no puedo dejar de mencionar otro proyecto de ley que añade caos al ámbito de la regulación lingüística, el n.º 5313 “Sobre la introducción de cambios en algunas leyes de Ucrania respecto al idioma de los medios de comunicación audiovisuales (electrónicos)”. Sus principales coautores, Mykola Kniazhytskyi y Viktoriia Siumar, tienen en su mayoría una retórica correcta, como se pudo observar, por ejemplo, en las declaraciones del presidente del Comité de Asuntos de Cultura y Espiritualidad el 20 de abril de 2017 en el programa “Derecho al poder”. Pero sus pasos legislativos no son ni mucho menos tan convincentes. El proyecto de ley n.º 5313 prevé que “en casos excepcionales, con el consentimiento por escrito del Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, se computarán dentro de la cuota prevista... de emisión en el idioma estatal las transmisiones... realizadas en cualquier otro idioma, y que por su contenido estén dirigidas a la prevención y neutralización de amenazas reales y potenciales a los intereses nacionales en el ámbito de la garantía de la libertad de expresión y la seguridad de la información” (parte 8). De acuerdo con la parte 7, en las transmisiones en el idioma estatal se permite el uso de otros idiomas sin doblaje o subtitulado. Y el punto d) reconoce, de hecho, que cualquier obra, discurso, etc., en idioma tártaro de Crimea se computa dentro de la cuota del idioma ucraniano (estatal). Con esto, el coautor del proyecto de ley n.º 5313 M. Kniazhytskyi contradice al coautor del proyecto de ley n.º 5669 “Sobre el funcionamiento del idioma ucraniano como estatal y el procedimiento de uso de otros idiomas en Ucrania” M. Kniazhytskyi (es decir, a sí mismo) respecto al idioma de la televisión (artículo 32 del proyecto de ley). Por lo tanto, la segunda conclusión: hay poca probabilidad de aprobación de una ley lingüística coherente. ¿Tiene voluntad el Estado? ¿No hay por qué? Porque la cúpula dirigente no es consciente de la importancia de esta cuestión. Los nuevos desafíos requieren la consolidación de los activistas y organizaciones sociales interesados, así como de aquellos estadistas aislados que se encuentran en el poder. El escenario posterior de la lucha por el estatus no nominal del idioma ucraniano debe consistir en los siguientes pasos: 1) instar al Comité competente, tras los resultados del examen de los proyectos de ley lingüísticos, a tomar como base el proyecto de ley “Sobre el idioma estatal” n.º 5670 e introducir en él todo lo mejor de los otros proyectos de ley; 2) aprobar dos proyectos de ley —“Sobre el idioma estatal” y “Sobre la introducción de cambios en algunas leyes de Ucrania respecto a la garantía del desarrollo y uso de los idiomas de las minorías nacionales en Ucrania”— “en pareja”; 3) paralelamente, instar al Tribunal Constitucional de Ucrania a realizar su trabajo mediante acciones de protesta bajo sus muros y, posiblemente, en la calle Bankova, pero los piquetes u otras formas de protesta deben ser masivos, de lo contrario todo se irá “a la arena”; 4) si estos pasos resultan infructuosos, es necesario dirigirse al Presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Andrii Parubii, con la petición de firmar la ley votada el 23 de febrero de 2014, “Sobre el reconocimiento como carente de vigencia de la Ley de Ucrania ‘Sobre los fundamentos de la política lingüística estatal’”; 5) después de esto, dirigirse con la misma petición al Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko; 6) paralelamente, contrarrestar activamente la rusificación en cada paso; 7) y, finalmente, prepararse para el nuevo ciclo legislativo y, posiblemente, empezar de cero. En la base del material se encuentra la intervención en la Conferencia científico-práctica panucraniana “Consolidación del idioma ucraniano en el ámbito de la educación y la cultura de Ucrania” del 27 de abril de 2017. Taras Marusyk, Oleksandr Melnyk, Yurii Hnatkevych, Heorhii Lukianchuk
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