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OLEKSII BAHANETS: «EL DERECHO Y LA LEY ES LO QUE EL PODER SIEMPRE QUIERE SOMETER A SÍ MISMO»
Слово Просвіти, №43 за 2011 рік
Uno de los casos penales más resonantes, o más bien políticos, es actualmente la acusación contra el exministro del Interior Yurii Lutsenko. Quien, a pesar de las peticiones fundamentadas de los abogados y de graves problemas de salud, continúa tras las rejas. Uno de los abogados de Yurii Lutsenko es el ex vicefiscal general de Ucrania, Oleksii BAHANETS. Tras dejar la fiscalía el año pasado, creó su propia firma de abogados. Y recién acaba de salir en Kyiv el libro documental de Oleksii Bahanets «El fiscal incómodo», que de inmediato se encontró en el centro de las discusiones. Porque se trata de él mismo: un fiscal incómodo, ante todo para aquellos que preferirían someter a sí mismos a los organismos de seguridad, la ley y el derecho, y tener funcionarios de seguridad convenientes. Pero «conveniente» es casi como «dócil». Oleksii Bahanets nunca fue así. Hoy, el conocido abogado es invitado de nuestro periódico. Él, oriundo de la región de Poltava, graduado de la Academia Jurídica de Járkiv, fue siete veces fiscal regional; en particular, encabezó las fiscalías de regiones tan grandes y diferentes como Leópolis, Donetsk y Dnipró. Fue dos veces vicefiscal general de Ucrania. En su carrera figura la investigación de lo que fue casi el primer caso penal en la Unión Soviética sobre cooperativistas y extorsionadores, el no menos sonado caso en Leópolis sobre la venta oculta de niños ucranianos al extranjero, y la participación en la investigación del caso Gongadze. UN SABLE PARA EL SECRETARIO DEL COMITÉ REGIONAL — Oleksii Vasylovych, teniendo más de 30 años de experiencia trabajando en la fiscalía, usted, por supuesto, puede contar sobre muchos casos resonantes. Recuérdenos el de Dnipró, sobre los cooperativistas y el chantaje contra ellos. — Este es uno de los casos en los que me enfrenté no solo a una injerencia abierta en mi actividad, sino a hechos que daban testimonio de los vicios de la sociedad de aquel entonces. Salimos al paso del líder de un grupo criminal, un tal Oleksandr Milchenko apodado «Marinero». Contra él ya se había abierto un caso de búsqueda operativa, que llevaba el jefe del departamento de investigación criminal de la policía municipal. Cuando detuvimos al «Marinero», el jefe de investigación criminal se suicidó ese mismo día. Resultó que la actividad activa de la banda del «Marinero» fue patrocinada durante más de ocho años por empleados de los organismos de asuntos internos. Comenzó una investigación resonante, que llevé yo como investigador de la Fiscalía General para casos especialmente importantes. En el transcurso de la investigación, casi todos los jefes de la policía regional y municipal fueron destituidos de sus cargos. Poco después detuvimos a más de dos docenas de delincuentes. Era una banda muy cruel. Los dueños de talleres, es decir, los cooperativistas, contaban en los interrogatorios cómo llevaban a la gente al bosque, los torturaban, los obligaban a pagar tributo, cuántos desaparecidos había. Una parte de los empleados de la policía de Dnipró estaba simplemente intimidada. Al jefe de la policía municipal, que «protegía» a los bandidos, ellos lo llamaban simplemente «Papá»... La corrupción alcanzó tales niveles que comenzamos a llegar a los vínculos de los bandidos con algunos dirigentes del comité regional del partido comunista y del comité ejecutivo regional. Hubo incluso testimonios de que los bandidos le regalaron al primer secretario del comité regional del partido un sable muy caro. No logramos investigar tales episodios hasta el final, porque poco después la actividad de mi grupo de investigación fue clausurada y yo fui llamado a Kyiv. Comprendí que en Kyiv temían que lleváramos ante la justicia a alguien de la dirección regional, porque la cúpula de los organismos de seguridad de la región ya estaba extremadamente corrompida. — Pero la injerencia en la investigación no cesó ni siquiera en los tiempos de nuestro Estado independiente. Prueba de ello es el no menos resonante caso sobre la adopción de niños en Leópolis... — Año 1996. Para cuando llegó a mis manos, el caso ya se investigaba desde hacía un año y ocho meses; era imposible seguir alargándolo. Lo estudié y comprendí que las cuatro personas llevadas a juicio no eran las figuras principales; aquí estaba involucrado el primer vicejefe de la administración estatal regional. A los acusados se les imputaba el abuso de autoridad y el uso de la misma con fines lucrativos. Se trataba de la adopción ilegal de niños. Los funcionarios, a pesar de la prohibición del gobierno, continuaban vendiendo de hecho a nuestros niños al extranjero. Llevar el caso fue muy difícil para mis predecesores. Por ejemplo, al empleado de la UBOP (Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado) Ihor Pylypchuk, quien se ocupaba del acompañamiento operativo del caso, simplemente lo acribillaron; sobrevivió de milagro. Quejas constantes, denuncias anónimas contra los empleados del grupo de investigación. Di instrucciones al investigador y detuvimos al primer vicejefe de la administración estatal regional. En mi opinión, se habían reunido suficientes pruebas sobre una parte de los episodios. También hubo presión sobre el tribunal. Las personas interesadas lograron presionar a la jueza, obligándola a renunciar a considerar el caso. Solo el juez Yaroslav Rudy, sobre quien no pudieron influir, terminó la consideración del caso, y el tribunal bajo su presidencia dictó una sentencia condenatoria contra todos los implicados en el caso. REFORMAS «A MEDIDA» — Usted se expresa de manera bastante crítica sobre el intento de reformar los organismos de seguridad. — Todos los que llegan al poder, incluso a la dirección de la Fiscalía General, cambian algo. Pero el cambio por el cambio no traerá nada positivo. No es la reforma la que dará un resultado positivo, sino los cuadros. Durante largos años nos llevaron a que a la fiscalía hay que quitarle la función de investigación de casos penales. ¿Y quién lo hará? ¿La policía? ¡Si hoy tiene cientos de miles de casos sin investigar! Son cientos de miles de personas víctimas, cientos de miles de delincuentes sin castigar. Últimamente existe una multitud de vacantes para puestos de investigadores en los organismos del Ministerio del Interior; la gran mayoría de los investigadores tienen una experiencia laboral de hasta tres años. En mi opinión, precisamente por eso no hay nadie que investigue los delitos de servicio, aunque esto no es un robo de apartamento o un hurto de bolsillo. — ¿Por qué infringe la ley aquel que debería estar velando por ella? — Vuelvo a la cuestión de los cuadros. Durante los últimos diez años nos ocupamos de su selección y formación de manera formal. Y otro factor muy importante: la fiscalía pierde gradualmente su independencia. Se llega al punto de que el jefe de la administración distrital declara que no quiere el nombramiento de tal o cual fiscal o dice: ¡quiten del distrito al fiscal actual! Y el fiscal regional se ve obligado a trasladar al fiscal incómodo y nombrar, como en una de las regiones, al compadre del jefe de la administración. Lamentablemente, a veces nombramos para cargos a personas que están totalmente alejadas del trabajo fiscal. En consecuencia: ¿a quién puede educar un fiscal así?
—Usted ha estado involucrado en la investigación de una serie de casos de gran repercusión, en particular el asesinato de Heorhii Gongadze, cuya investigación supervisó entre 2000 y 2002. Se le reprochó que, supuestamente, no tenía prisa por acusar a los dirigentes del Estado de estar implicados en el crimen. —Yo dije entonces y hoy no he cambiado mi postura: solo se puede acusar a alguien de estar implicado en un crimen siguiendo el procedimiento establecido por la ley. Antes de eso, de ninguna manera podía decir que sospechaba de Leonid Kuchma o de alguien más. La ley prohíbe en general divulgar datos de la investigación que manchen el honor y la dignidad de una persona cuya culpabilidad aún no ha sido probada. —Por cierto, la implicación de la entonces alta dirección del Estado en el asesinato de Gongadze no ha sido probada ni siquiera hoy, 11 años después del crimen. El caso abierto contra Kuchma pasó de alguna manera a un segundo plano ante los sonados casos contra Tymoshenko y Lutsenko. Y, en general, en nuestra historia reciente hay muchos crímenes y asesinatos de gran repercusión. Y muchos de ellos o no están resueltos, o si llegaron a juicio, el veredicto genera dudas considerables en la sociedad. La muerte de Chornovil, Hetman, Kyrpa, Kravchenko… —Respecto a algunos casos, no puedo afirmar categóricamente que no hubiera elementos constitutivos de delito. Lo único es que no creo mucho en el asesinato de Kyrpa y Kravchenko. Conociéndolos bien a ambos, creo que simplemente los llevaron al suicidio. —¿Incluso si fue un suicidio con dos disparos en la cabeza, como en el caso de Kravchenko? —Los expertos explicaron que eso es posible. —Después de que el año pasado le obligaran a dejar el cargo de fiscal de la región de Leópolis y tras más de treinta años de servicio en la fiscalía, usted se reconvirtió inesperadamente en abogado y creó una empresa jurídica. Psicológicamente, ¿debió ser difícil? —Si hace unos 15 años me hubieran dicho que algún día sería abogado, no lo habría creído. Nunca pude imaginar que en nuestro tiempo se procesaría a personas sin ninguna prueba. Por cierto, el fiscal no siempre tiene que limitarse a acusar. Eso solo se hace cuando se han reunido suficientes pruebas de culpabilidad. Si el fiscal ve que las pruebas son insuficientes, debe renunciar a la acusación. Así lo dicta la ley. Cuando el año pasado escribí mi solicitud de dimisión, no pensaba dedicarme a la abogacía. Mi objetivo era escribir una tesis doctoral y dedicarme a la docencia. Eso fue lo que empecé a hacer. Pero durante varios meses, muchos conocidos se dirigieron a mí pidiéndome asesoramiento en situaciones en las que, por ejemplo, la fiscalía les había imputado cargos y, sin embargo, en el propio auto no se apreciaban elementos constitutivos de delito. Luego se dirigió a mí otro conocido que se dedica a negocios importantes. Tiene un potente departamento jurídico, ellos “rechazan” las actas de Hacienda, acuden a los tribunales mercantiles y administrativos, pero son impotentes ante las “incursiones” de las fuerzas del orden, cuyo objetivo es extorsionar al empresario para obtener dinero o una parte o la totalidad del negocio. El conocido propuso crear una estructura jurídica en su empresa que protegiera contra las acciones ilegales de las fuerzas del orden. —Qué interesante: proteger de los defensores de la ley. —Al final, creé un bufete de abogados independiente. Invité a varios empleados de la fiscalía a los que conocía como buenos especialistas y fiscales e investigadores honestos; ellos dimitieron de sus cargos y aprobaron los exámenes correspondientes para ser abogados. Y ahora trabajamos juntos. Debo decir con franqueza que hoy sigo viendo el caso también como fiscal; veo violaciones de la ley a las que mis antiguos colegas fiscales, por alguna razón, no quieren o no pueden prestar atención. —Usted es abogado en un caso de gran repercusión: defiende a Yurii Lutsenko. —Él ya tenía sus abogados. Pero sus familiares cercanos y personas de confianza, en nombre de Lutsenko, se dirigieron a nuestra asociación con la petición de que yo me incorporara al proceso cuando el caso ya estaba en el tribunal. Tuvieron en cuenta que trabajé durante mucho tiempo en la fiscalía y conozco a la perfección el proceso penal. Y yo, junto con otros dos abogados de nuestra asociación, entramos en el proceso. Cuando analizamos detalladamente el caso de Lutsenko, solicitamos inmediatamente al tribunal que lo devolviera para una investigación adicional. Porque lo que leí en el expediente no coincide con la acusación presentada. A Lutsenko se le imputa haber concedido ilegalmente a su conductor un salario más alto, haber conseguido ilegalmente el aumento de su antigüedad y pensión, y además se le acusa de haber concedido ilegalmente un apartamento al conductor. Empecemos por el hecho de que, en todos estos episodios, Lutsenko no obtuvo ningún beneficio personal ni de un céntimo; por cierto, esto también lo confirma la investigación. Ahora, respecto al daño supuestamente causado al Estado. ¿Cómo se puede acusar a Lutsenko de “robar” un apartamento al Estado en beneficio del conductor si él solo firmó la orden de admisión de este en los órganos de policía con derecho a recibir un apartamento de forma prioritaria? Los ministros firman decenas de órdenes de este tipo; existe todo un procedimiento para la concesión de apartamentos. En el Ministerio trabaja una comisión central de vivienda, que es la que toma la decisión sobre a cuál de los empleados que tienen derecho a ello se le debe conceder un apartamento. Asimismo, sin la decisión de la comisión de vivienda de la administración estatal local, no se puede asignar ningún apartamento.
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