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VULGARISMOS EN LA CIENCIA POLÍTICA

Слово Просвіти, №16 за 2004 рік

LENGUAJE DEL PODER En el discurso teórico, en el lenguaje de los publicistas políticos, los políticos y los estadistas, se han extendido de manera inadmisible hechos de una interpretación simplificada e incluso distorsionada —teniendo en cuenta la práctica mundial, el sentido común y la argumentación racional— de los conceptos. Como resultado, la ciencia política en Ucrania todavía no se ha convertido en un factor significativo de la vida social, en el conocimiento del orden social óptimo y en la enseñanza de los métodos para su establecimiento y cumplimiento; sigue siendo predominantemente reactiva y no proyectiva, y está sujeta a una creciente marginación y profanación. Los vulgarismos son, en general, una consecuencia de la simplificación y distorsión del contenido de los conceptos. En la ciencia política, llamamos vulgarismo al uso descuidado y superficial de los conceptos y a la atribución de un significado distorsionado en comparación con su verdadero contenido. Junto con esto, debe incluirse entre los vulgarismos un recurso tan extendido en el lenguaje de la comunicación política como los eufemismos: el embellecimiento léxico velado de lo que es poco atractivo o incluso inaceptable. Vulgarizada está ya la propia comprensión de la política como fenómeno social. Está extendida una actitud primitiva, diríase que zoológica (aunque la llaman maquiavélica) hacia la política, como la posibilidad de que ciertas personas decidan a su antojo el destino de otras, actúen arbitrariamente, guiándose por el principio de que “a los vencedores no se les juzga”. La lucha política, en este caso, tiene la apariencia de una competencia por la influencia monopólica y exclusiva de alguien sobre la gestión de los asuntos públicos. Y la idea liberal de las elecciones se convierte evidentemente en una decoración cuasidemocrática de una lucha poco atractiva entre bastidores. Al académico Myroslav Popovych pertenece la expresión “banalización del mal”, con la que designa la práctica de convertir los asesinatos en masa en un “trabajo rutinario”, en una “tecnología”, y el horror en algo habitual. Llamo banalización del mal político a la distorsión cínica y vulgar de la materia política, a la tergiversación desvergonzada de los valores de la libre expresión, la libertad, la igualdad, la justicia, convirtiéndolos en antivalores, en HAY UNA OPINIÓN La Constitución como documento debe cumplir ciertos requisitos: cumplimiento de las normas y reglas generales del idioma ucraniano, cumplimiento de las normas del estilo comercial, ausencia de contradicciones, claridad y precisión, etc. Nuestra Constitución no cumple plenamente ninguno de estos requisitos. 1. La violación de las normas generales y la en el texto de la Constitución son, con mayor frecuencia, las siguientes: uso incorrecto de palabras, palabras innecesarias, uso del caso instrumental en lugar del nominativo en el predicado compuesto. De acuerdo con el texto del juramento (artículo 79 y artículo 104), los diputados del pueblo y el Presidente juraron al pueblo de Ucrania solo cumplir la Constitución de Ucrania, y no cumplirla incondicionalmente, y defender a Ucrania en caso de agresión. Y todo porque el autor del texto del juramento, en lugar de las palabras “doderzhaty” (sin la partícula “sia”) y “zakhyshchaty”, utilizó las palabras “doderzhuvatysia” y “boronyty”. “Ucrania es un Estado soberano e independiente, democrático, social y de derecho” (artículo 1). “Ucrania es un Estado unitario. El territorio de Ucrania dentro de las fronteras existentes es integral e inviolable” (artículo 2, párrafos 2 y 3). El primer artículo está escrito sin errores. En el segundo artículo se ha violado la norma del idioma ucraniano: las palabras “derzhavoiu”, “tsilisnoiu”, “nedotorkannoiu” se utilizan en la forma del caso instrumental, convirtiendo la política en una tecnología de difusión del engaño. Para todos es evidente que los participantes en el espectáculo llamado “reforma del sistema político” no están preocupados por cómo organizar mejor el poder en el Estado, sino por cómo ganar las próximas elecciones. Sería innecesario hablar de esto si no fuera por la ingenua sorpresa: ¿por qué, en realidad, toleramos esto? ¿Por qué el abuso brutal de la posición oficial y la restricción de los derechos y libertades políticas, que se designa con el eufemismo “recurso administrativo”, provoca en todos una indignación privada, pero hasta ahora no ha sido llamado por su nombre ni condenado por la opinión pública? ¿No será por la vulgarización de la actitud hacia la política y la “banalización” del mal político? Otro ejemplo de vulgarismo es el uso del adjetivo “público”. La falta de discernimiento aquí conduce a que el concepto de “política pública” se utilice, en el mejor de los casos, para designar la apertura, la accesibilidad informativa y la transparencia de la acción política, y en el peor, se identifique con la política estatal, más aún, con la política gubernamental. Considerando que la política es intrínsecamente cerrada, algunos investigadores insisten categóricamente en la imposibilidad fundamental de una política pública en absoluto. En efecto, pública es la política entendida como un conjunto de asuntos, programas y proyectos realizados para la gente y a petición de la gente. Es una política cuyos clientes son las comunidades, y los gobiernos son solo ejecutores. En nuestro caso, las comunidades guardan silencio y los funcionarios (“la élite”) deciden lo que estas comunidades necesitan. Así resulta que llaman política pública a lo que antes llamaban “política del partido y del gobierno”, y en realidad solo embellecen demagógicamente la actividad de las llamadas “élites”, “oligarcas”, justificando los diversos proyectos que llevan a cabo: de transporte de gas, arquitectónicos, futbolísticos, etc. Lo único realmente público en estos asuntos es que se hacen con el dinero del público: los contribuyentes. Por cierto, sobre la élite. Considero un vulgarismo el uso extendido de esta palabra como sinónimo del concepto de “política” (aunque, cada vez más, con mayor ironía). Quizás, en algún momento del pasado, era cierto que las figuras públicas provenían principalmente de la élite social. Hoy en día, parece poco convincente clasificar a una persona como élite solo por su influencia, por su acceso a los centros de toma de decisiones, algo propio del “establishment”. Lo “elitista” en la política, como en cualquier otro asunto, debe entenderse como selecto, lo mejor, profesional. En otras palabras, hay políticos (figuras públicas, funcionarios estatales, administradores) y hay políticos de élite, que se distinguen de los compañeros rutinarios “del gremio”. El elitismo político es un servicio de calidad a la comunidad. Para el “establishment”, en cambio, la comunidad (“el público”) no es un fin, sino más bien un medio, un instrumento para obtener y mantener su propia influencia. La existencia de una élite requiere necesariamente la existencia de su oposición dual: la masa, que reconocería la “elitismo” de la élite, su carácter selecto. En la práctica nacional, sin embargo, la elitismo se ha convertido en una autodenominación de los políticos, una especie de impostura, llevada a cabo sin

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