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Mancha de vergüenza y de estupidez política

Слово Просвіти, №32 за 2013 рік

Anatol KAMINSKYI, profesor, doctor, presidente del Consejo Político del Medio UHVR, Estados Unidos Leonid Kravchuk, primer Presidente del Estado ucraniano contemporáneo, calificó el llamamiento, o más bien la petición, de 148 parlamentarios ucranianos al Sejm polaco de reconocer los sucesos de Volinia de 1943 como genocidio, de “paso antinacional y traición”. Además, señaló que, por parte polaca, la declaración “irresponsable sobre el ‘genocidio de los polacos en Volinia’ no se corresponde ni con los hechos históricos ni con las definiciones jurídicas de este fenómeno. Los políticos polacos hablan solo de víctimas polacas, descuidando la memoria de los ucranianos caídos”. Aquí no nos ocuparemos de la historia ni del análisis del conflicto polaco-ucraniano, del que se trata, sino únicamente del “acto”, o más bien del acto, de los diputados populares ucranianos que se dirigieron por escrito a los parlamentarios del Sejm polaco. Concretamente, qué significa este “acto” vergonzoso y sin precedentes en la historia de la diplomacia y de las relaciones internacionales, cuáles son sus consecuencias e implicaciones, ante todo para los propios firmantes, para la Rada Suprema de Ucrania y para el Estado ucraniano en general. Leonid Kravchuk, quien precisamente es Presidente de la Asamblea Constitucional, que trabaja en nuevas enmiendas a la Constitución de Ucrania, calificó de manera explícita la “petición” de los diputados ucranianos como paso antinacional y traición nacional. Ipso facto, cada uno de los firmantes se convirtió en TRAIDOR NACIONAL, cada uno de ellos se descalificó como diputado popular y se privó a sí mismo del mandato de representante del pueblo. Es más, cometió un delito, del que deben ocuparse las instituciones jurídicas competentes. Al mismo tiempo, este numeroso grupo de traidores nacionales arrojó en conjunto no solo una mancha de vergüenza, de estupidez política, ignorancia y miopía primitiva sobre la Rada Suprema como institución, sino que, de manera constitucional, jurídica y organizativa, convirtió realmente al parlamento en ilegítimo e incapaz de funcionar. Pues cada cual debe entender que en el parlamento ucraniano no hay ni puede haber lugar para traidores nacionales, si ha de ser realmente un parlamento. En resumen: los firmantes crearon una crisis parlamentaria, que, evidentemente, golpea no solo la imagen de la Rada Suprema, sino también la del Estado en general. Cometieron una traición nacional, que es un delito penal antiestatal. Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la filosofía del derecho internacional, la traición nacional tiene incluso “parámetros más amplios” que la traición al Estado… Detengámonos aunque sea un minuto a pensar qué clase de parlamento es aquel en el que se sienta una “fracción” de 148 traidores nacionales, es decir, 148 criminales nacionales. Y en “qué” lo han convertido… Por ello, esta “estafa” debería ocuparse no solo el Tribunal Constitucional, sino también otras instituciones judiciales supremas, como, por ejemplo, el Tribunal Superior de lo Administrativo, el Tribunal Supremo y el Consejo de Justicia, la Fiscalía General. Al mismo tiempo, se trata de salir cuanto antes de este “pozo” criminal y comprometedor en el que los firmantes han metido a la Rada Suprema de Ucrania, y además lo hicieron por encargo del “vecino” del norte… Vemos dos posibilidades para salir de esta crisis. La primera: la revocación de esos 148 “diputados firmantes” y su sustitución, según las listas de partido, por otros miembros del Partido de las Regiones y de sus partidos aliados. En el caso de los firmantes elegidos por mayoría, después de la privación de sus mandatos, la celebración de nuevas elecciones. La segunda: la disolución de la actual Rada Suprema y la celebración de nuevas elecciones parlamentarias. Esto deben exigirlo no solo la oposición organizada, sino también todo el pueblo que se respeta a sí mismo, conserva su dignidad nacional y la autoridad de su parlamento y de su Estado. d) de asimilación forzada o integración en cualquier forma; e) de propaganda en cualquier forma que tenga por objeto fomentar o incitar la discriminación racial o étnica dirigida contra representantes del pueblo indígena o contra el pueblo en su conjunto”. Exigimos la firma urgente en la ONU de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La evasión por parte de las autoridades de Ucrania de la firma de la Declaración no es otra cosa que la privación consciente de los pueblos indígenas de Ucrania del derecho a conservarse y desarrollarse en la era de la globalización en su territorio ancestral. Por encargo del Movimiento Social “Alternativa Patriótica Ucraniana” Yurii SHEPETIUK Kyiv, 9 de agosto de 2013

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