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¿QUIÉN LEVANTA LA MANO CONTRA LA FISCALÍA GENERAL?

Слово Просвіти, №70 за 2000 рік

El Fiscal General, consejero de Estado de Justicia M. Potebenko, conocido por el sonado proceso contra Stepan Khmara, da la voz de alarma en el prólogo del libro: «Kyiv. Víctimas de las represiones» (edición de Vadym Karpenko, 1999): «Y cuando alguien levanta la mano contra las acciones de la fiscalía para reducirlas a la nada, motivando esto con principios de democracia, considero necesario recordarles: la democracia solo corresponde a su contenido cuando está protegida por la legalidad, para cuya realización y afirmación existe el órgano correspondiente». Y aunque el consejero de Justicia, por modestia, no nombra la institución a la que se refiere, nosotros, sin duda, entendemos que el «órgano correspondiente» es el propio M. Potebenko y la organización que le está subordinada. ¿Quién es este «alguien»? ¿Quizás un terrorista kamikaze armado con un explosivo o un grupo de jóvenes que ocupó recientemente las instalaciones del Comité Central del PCU? No, son personas mayores, hijos y familiares de los «enemigos del pueblo», que con bastones y muletas caminan cada año hacia el bosque de Bykivnia, donde bajo los pinos yacen sus padres y parientes en un vertedero de cadáveres de muchos miles. A estas personas, el sistema comunista les arrebató lo más importante: la infancia y la salud, porque tuvieron que crecer sin sus padres arrestados, en orfanatos y con personas ajenas. Mientras los hijos y familiares de los «enemigos del pueblo» derraman lágrimas sobre las velitas encendidas, la Fiscalía General también está lista para llorar. Pero solo hasta el momento en que las personas desamparadas y marcadas por la vida se unieron y demandaron a la fiscalía por encubrimiento malintencionado de los organizadores y ejecutores del terror comunista contra la población civil. Desde entonces, se vuelven peligrosos. Teóricamente. Porque prácticamente, todo está en manos de la fiscalía. Pero, aun así, son peligrosos. Porque, ¿de qué otra forma se preocuparía el luchador por la democracia M. Potebenko? De lo dicho por M. Potebenko se entiende que es él mismo, como «órgano correspondiente», quien protege la legalidad del joven Estado de las pretensiones contra la democracia de aquellos que quieren reducir a la nada sus esfuerzos, sin los cuales la democracia simplemente no puede vivir. Aceptemos por un momento que las demandas de las víctimas del sistema comunista realmente no «corresponden al contenido de la democracia» y busquemos protección contra los atacantes en el «órgano correspondiente»: la Fiscalía General. El 5 de diciembre de 1988, la Fiscalía General de la RSS de Ucrania inició un caso penal por el hecho del descubrimiento de fosas comunes de cadáveres cerca del asentamiento de Bykivnia. Se inició una investigación preliminar. Las excavaciones revelaron decenas de miles de cráneos con agujeros de bala en la nuca. La comisión determinó de inmediato que los fusilamientos masivos de la población civil y de los partisanos fueron realizados por las tropas de ocupación alemanas, sobre lo cual se escribió posteriormente en una gran piedra, e incluso se estableció el número exacto de víctimas: 6329. Recordémoslo. Pero cuanto más tiempo trabajaba la comisión, más extraños resultaban los hechos. ¿Por qué, por ejemplo, en los cráneos perforados se encuentran balas de fabricación soviética? Se creó una nueva comisión; no se puede hacer nada con los hechos. Se creó una tercera; todo seguía igual: los alemanes, por alguna razón, mataban con balas soviéticas. La cuarta comisión, bajo la presión de los hechos, se vio obligada a admitir: el fusilamiento lo llevó a cabo la mano derecha del Partido Comunista: el NKVD. Y bien, ¿qué hicieron los «órganos de protección-defensores de la democracia»? Muy simple y basándose en las leyes: el 15 de abril de 1991, el «caso de Bykivnia» se cerró por «prescripción». Los dientes de oro, confiscados según el principio bolchevique de los cadáveres, fueron entregados al fondo de construcción del comunismo. Los huesos fueron quemados y enterrados con excavadoras en fosas. Los documentos en sacos fueron entregados a un fogonero para su quema. No hay documentos. El fogonero fue encontrado ahorcado en la sala de calderas. ¿Cómo va eso de la «garantía de la democracia», camarada Potebenko? No, se indignará nuestro consejero de Estado de Justicia. Eso fue en tiempos de violación de la legalidad socialista y de las normas leninistas de la democracia. Nuestro tiempo está marcado por el cumplimiento exacto de las leyes. Pero volvamos a la «realización y afirmación de la legalidad», según la expresión del Fiscal General. Cuatro meses después de la «suspensión» de la investigación y el cierre del caso, la cárcel de pueblos de toda la unión se desmorona por un terremoto político, salen a escena nuevas fuerzas democráticas, comienza la lucha por el poder. ¿Y Bykivnia? No es el momento. Ahora incluso los líderes de «Memorial» se encogen de hombros. Dicen que no se sabe. Como resultó después, el caso suspendido del terror comunista yacía tranquilamente en la caja fuerte del fiscal durante tres años enteros ya en tiempos de la Ucrania independiente, mientras que en los mítines resonaban consignas: «¡El PCU a juicio!» y «¡Núremberg-2!». En 1994, el Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Kyiv (KROG) reunió hasta 400 firmas en las tumbas de los torturados durante el aniversario tradicional con la exigencia a la Fiscalía General de transferir el caso al tribunal con el fin de definir los asesinatos cometidos como un crimen contra la humanidad. Desde entonces comienza, usando el léxico jurídico de M. Potebenko, el período de «realización y afirmación de la democracia por el órgano correspondiente». El 20 de septiembre de 1994, se abrió por segunda vez el «caso de Bykivnia» y se continuó la investigación preliminar. Al año siguiente, el KROG organizó de nuevo la recogida de firmas con la exigencia de transferir el caso al tribunal. Dos veces bajo las ventanas de la Fiscalía General se realizaron piquetes del KROG, dos veces los «realizadores y afirmadores de la democracia» prometieron iniciar el proceso judicial. Mientras tanto, al Fiscal General Datsiuk le sucede el Fiscal General Vorsinov, a quien reemplaza el ya conocido por nosotros Potebenko. Pasó el año 1996, cuando, según la promesa escrita del coronel de justicia, el investigador A. Amons, el caso debía ser transferido al tribunal, pero de alguna manera, «por el gran volumen de trabajo», la promesa no se cumplió. Fue entonces cuando comenzó a levantarse esa malvada «mano» contra la inocente fiscalía: varios ciudadanos presentaron ante el Tribunal de Pechersk una demanda contra la Fiscalía General por inacción deliberada con el fin de ocultar los crímenes del Partido Comunista. Dos veces el Tribunal de Pechersk rechazó las demandas, dos veces el tribunal de casación apoyó la decisión del tribunal de primera instancia, hasta que finalmente el Fiscal General M. Potebenko simplemente, como en los gloriosos tiempos soviéticos, cerró por segunda vez el «caso de Bykivnia» por el mismo «plazo de prescripción». Pero el KROG no se rinde. A la Rada Suprema, a nombre del presidente del Comité de Asuntos de Garantía Legislativa, Yurii Karmazin, llega una queja sobre la arbitrariedad de los funcionarios de la jurisprudencia. La respuesta de Yu. Karmazin, inesperadamente para la fiscalía, resultó desagradable: «Los órganos de la fiscalía llevan años ocupándose de respuestas burocráticas» sobre que los culpables de los asesinatos masivos hace tiempo que murieron y por eso es imposible llevar a nadie a la responsabilidad penal, que tal posición de la Fiscalía General se manifiesta también «con respecto a numerosos otros casos». Debido a la ausencia de «ninguna decisión jurídicamente fundamentada», el Comité se prepara para considerar este problema en su sesión con la invitación de la dirección de la Fiscalía General, el SBU y representantes de organizaciones públicas independientes. No se sabe si la respuesta de Yu. Karmazin también «reducía a la nada las acciones de la fiscalía», pero el 9 de septiembre de 1999, el cierre previo del «caso de Bykivnia» fue cancelado, el caso sobre el terror masivo de los bolcheviques se reanudó y la investigación continúa. Desde entonces han pasado ocho meses. Terminó la campaña presidencial, cuando el candidato a la presidencia Yu. Karmazin estaba ocupado. Se envió una nueva carta y un montón de nuevos documentos al presidente del Comité, el Sr. Karmazin, pero el estimado presidente guarda silencio. Nadie llama a la Fiscalía General para conversar. Los investigadores de la fiscalía militar, si se les cree, siguen trabajando con el sudor de su frente. Alrededor del «caso de Bykivnia» se ha creado un círculo jurídico cerrado artificial: el tribunal considerará el caso contra la fiscalía si esta reconoce a los hijos y familiares como «víctimas en el caso», y la Fiscalía General y la militar se niegan a hacerlo, ya que, según se informó por unos, «el caso está cerrado y archivado», a otros se les negó bajo el fundamento de que «el caso de Bykivnia ha sido reanudado, hay una investigación en curso, durante la cual no se entregan documentos», a otros les informan algo aún mejor: «...no podemos reconocerlos como víctimas porque los culpables de los fusilamientos aún no han sido identificados». Y este consciente y desvergonzado escarnio «legal» es, probablemente, la «garantía de la legalidad» al estilo de la fiscalía. ¿A qué se ha dedicado la Fiscalía General durante más de seis años? A la búsqueda de los apellidos de las víctimas fusiladas, y no de sus verdugos. Ninguna tumba en el vertedero ha sido sometida a exhumación durante estos años, aunque la fiscalía prometió hacerlo siguiendo el ejemplo de la parte polaca, que investigó las tumbas de los oficiales polacos fusilados cerca de Járkiv. Incluso el número de víctimas la fiscalía lo nombraba cada vez diferente: de 6 a 10 mil y más, y con la llegada a la Fiscalía General de M. Potebenko, los investigadores volvieron de nuevo a la misma cifra que hace diez años: 6329. El círculo se cerró. M. Potebenko resultó ser sorprendentemente coherente cuando prometió: «¡Mientras yo esté aquí, no habrá procesos políticos!». Pero a los familiares y allegados esto no les alivia, porque cuando los bandidos a nivel estatal daban órdenes y fusilaban a las víctimas, no advertían qué tipo de caso era, político o penal. La ilegalidad continúa y continuará hasta que el Presidente L. Kuchma corrija su propio error y elimine de los órganos de la fiscalía a los cuadros comunistas, que son los que «deciden todo» (hay que añadir: tanto en la economía como en la política). Solo de esta manera se abrirá el camino a una administración de justicia justa, para no avergonzar a Ucrania ante los ojos de la comunidad internacional. El KROG informa a los ciudadanos de Ucrania que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo ha aceptado la demanda de 700 solicitantes sobre la violación de los derechos humanos y, en particular, de las víctimas de los crímenes del comunismo. Informamos: caso n.º 52684/99. Dirección en inglés: The Secretary European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasborg Cedex France—Francia. Cualquiera que lo desee puede enviar sus testimonios al caso. El texto, excepto la dirección, se presenta en ucraniano. Oles HRYB, copresidente del Consejo de Coordinación de Organizaciones Públicas de Ucrania, sobre la lengua ucraniana por el zarismo e incluso por algunos representantes del pensamiento democrático ruso, en particular el conocido crítico Vissarión Belinski, sobre lo cual también recordaron los autores del documento. La autorizada comisión de la Academia de Ciencias presentó la siguiente propuesta: «La población malorrusa debe tener el mismo derecho que la granrusa a hablar en público y publicar en su lengua materna». El texto de la Nota explicativa y su contenido fueron ocultados por todos los medios a la opinión pública ucraniana durante décadas. El «silenciamiento» también fue practicado por la dirección bolchevique soviética, que llevó a cabo firme y coherentemente una política de rusificación en el cauce de la «creación de una comunidad única: el pueblo soviético». No hace falta hablar de las consecuencias de tal política. Lo que inquieta es otra cosa. Cómo, en las condiciones de existencia del Estado del pueblo ucraniano, son posibles los estímulos por parte de las estructuras de poder de todos los niveles, especialmente por la prensa y la televisión, a la superioridad rusa en la cuestión de la lengua, los flujos impunes de mentiras y calumnias sobre la lengua y la cultura de los ucranianos. El predominio de la publicidad antoucraniana y los «vídeos mediocres» de las estrellas populares de los «sex-shows» de la música moderna solo humillan los sentimientos nacionales de los ucranianos. Estos son fenómenos inadmisibles en cualquier sociedad democrática. Resulta que para muchos líderes que se ven a sí mismos como «timoneles», o mejor dicho, «pequeños hetmanes», los decretos no están escritos, por lo que hacen lo que les place, en detrimento del Estado, de la sociedad y para burla de toda la humanidad. ¿O es que acaso no saben realmente lo que hacen? Leonid RZHEPETSKYI, vicepresidente de la organización regional de Mykolaiv de Prosvita

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