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A LOS BANDIDOS, UN MANDATO DE DIPUTADO
Слово Просвіти, №33 за 2005 рік
RESONANCIA. TRAS LA DICTADURA DEBÍA LLEGAR EL IMPERIO DE LA LEY. “¡A los bandidos, a la cárcel!”. El eslogan electoral de Viktor Yushchenko, simple, categórico, lo más conciso y acertado posible bajo el régimen criminal-oligárquico, caló muy hondo en un pueblo sediento de justicia. Una y otra vez, Viktor Andriyovych lanzaba este eslogan a la cara del entonces presidente Leonid Kuchma y de su sucesor Viktor Yanukovych, tratando de disipar su imagen de hombre dócil, sin carácter y demasiado dado a los compromisos. Al mismo tiempo, el favorito del pueblo enfatizaba constantemente la criminalidad de Kuchma, Yanukovych y sus allegados, y prometía evaluar debidamente sus actos tras obtener el poder. En este mismo contexto sonaba la promesa de castigar a los asesinos del periodista Hii Gongadze, quienes, según las “cintas de Melnychenko”, recibieron la orden de secuestrar al periodista directamente de Leonid Kuchma. También se trataba de otros casos resonantes de asesinatos de políticos, empresarios y periodistas incómodos para el poder anterior, de la devolución al pueblo de empresas, tierras, etc., privatizadas ilegalmente. ¿YUSHCHENKO RESUELVE EL CRIMEN? Tras la toma de posesión, el presidente Viktor Yushchenko se convirtió en un participante activo en la resolución del crimen contra Gongadze. ¿De qué otra manera se pueden explicar las reuniones diarias y prolongadas del presidente con el fiscal general Svyatoslav Piskun, las conversaciones con el ministro del Interior Yurii Lutsenko, los constantes comentarios presidenciales sobre la investigación del caso para la prensa? Y no se trata solo de que el asesinato de Gongadze se convirtiera en el crimen más resonante del régimen anterior en Ucrania, y de que Yushchenko declarara repetidamente a Occidente su disposición a poner todos los puntos sobre las íes. Ya hoy se puede decir que el señor presidente, desde el punto de vista del imperio de la ley y la Constitución, no tenía derecho a interferir en la competencia de la investigación y de los órganos de seguridad, y ser el primero en declarar apresuradamente que “el asesinato de Gongadze está resuelto”. Ya el 1 de marzo, Viktor Andriyovych anunció al mundo que los asesinos habían sido encontrados y que el caso, considérese, estaba cerrado. Prometió que en un mes los asesinos comparecerían ante el tribunal, luego, otro mes después, más tarde, en julio. Indudablemente, el presidente no podía hacer tales declaraciones por iniciativa propia, es decir, sin apoyarse en la información de S. Piskun. Probablemente, señalan con razón (tanto la familia del fallecido Gongadze, como Mykola Melnychenko y Hryhorii Omelchenko), que el fiscal general simplemente está “tendiendo una trampa” al señor Yushchenko, actuando, ante todo, por conveniencia política. Por cierto, al señor Piskun, quien de hecho se reincorporó ilegalmente a su cargo, ya en 2003 la comisión investigadora de la Rada Suprema, de parte de H. Omelchenko y Yu. Lutsenko, le entregó una lista de policías que incluía a todos los que ahora están arrestados y acusados del asesinato directo del periodista. También es interesante que el señor Omelchenko y otros, poco antes de la muerte de Yurii Kravchenko, clamaban ante la Fiscalía General para que arrestaran al exministro del Interior y a otras personas implicadas en el asesinato, para su propia seguridad. Queda abierta la pregunta: ¿es culpable S. Piskun, quien anunció públicamente la citación del exministro a interrogatorio, de la muerte del señor Kravchenko y de la huida al extranjero del general Oleksii Pukach? ¿Murió por casualidad precisamente la persona que primero podría haber señalado a Kuchma como el principal organizador del asesinato? ¿No estará trabajando el fiscal general para que precisamente no se descubra a los organizadores del crimen? Quizás esto sucede con el conocimiento del actual presidente, quien, buscando tomar el poder “legítimamente” el otoño pasado, mediante la mediación de Occidente pudo haber dado garantías de inmunidad tanto a Kuchma como a V. Lytvyn (posible instigador del asesinato de Gongadze). Mientras tanto, la Fiscalía General anunció a principios de este mes la finalización de la primera parte de la investigación del caso sobre el asesinato de Gongadze y su disposición a entregar los materiales de la investigación para su revisión a la parte perjudicada, es decir, a la madre del asesinado, Lesia Gongadze, y a la viuda, Myroslava Gongadze. A su vez, Lesia Gongadze declaró recientemente que el escarnio de nuestros órganos de seguridad, en particular de la Fiscalía General, hacia ella continúa, y que presentará una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿BORIS KOLESNIKOV UNIÓ Y ACTIVÓ A TODAS LAS FUERZAS OPOSITORAS? La lucha del nuevo poder contra los bandidos, por supuesto, también ilustra el no menos resonante “caso Kolesnikov”, que la oposición califica unívocamente de represiones políticas contra los partidarios de Viktor Yanukovych. Evidentemente, el aún presidente del Consejo Regional de Donetsk, Boris Kolesnikov, hizo mucho para que el Donbás amara fanáticamente a Viktor Fedorovych: desde giras de “carrusel” con certificados de voto en toda Ucrania, la “movilización” de pensionistas apenas vivos y enfermos a los colegios electorales, el “presionamiento” y expulsión de los representantes de Yushchenko en los colegios electorales, hasta acciones de protesta en el Donbás y la capital. Este es el mismo Kolesnikov que, en el congreso separatista en Sievierodonetsk el 9 de diciembre de 2004, anunció la iniciativa de un referéndum para la creación de un “nuevo estado suroriental ucraniano en forma de república federativa” con capital en Járkiv... Sin embargo, el señor Kolesnikov, a pesar de su alto cargo en la región, nunca se exhibió como político y utilizó su estatus, como testifican los habitantes de Donetsk bien informados, como cobertura para su actividad comercial y la de todo el poderoso lobby, incluidos los Akhmetov. Por eso es totalmente lógico que, después de que las estructuras de fuerza fracasaran en el intento de encontrar delitos políticos de Kolesnikov, la familia Penchuk comenzara a apelar a la justicia, acusando al presidente del Consejo Regional de Donetsk de extorsión con amenaza de muerte en 2002. Gracias al sonado caso penal, que un enorme segmento de los medios de comunicación que trabaja para el “lobby de Donetsk” transformó en una campaña de relaciones públicas contra el poder, el “héroe” Kolesnikov, arrestado el 6 de abril de este año, se convirtió en la segunda persona del Partido de las Regiones. De hecho, durante casi 5 meses fuimos testigos de una campaña para crear una carrera política vitalicia para Boris Kolesnikov, a quien incluso Viktor Yanukovych puede envidiar. Las acciones torpes del Ministerio del Interior y especialmente de la Fiscalía General solo reforzaron la desconfianza de la sociedad hacia las acciones del poder. En condiciones de alta tensión política en el Estado, el ministro Yurii Lutsenko no logró siquiera asegurar el cumplimiento de todos los procedimientos
de Heorhii Gongadze las normas de detención de Kolesnikov, aunque, por supuesto, comprendía la importancia y la resonancia de cada paso. En cambio, el joven revolucionario, en el espíritu de su tradición efectista, hace hincapié en dos ataques con ametralladora y una explosión, con los que intentaron matar a Penchuk debido a su negativa a entregar las acciones al jefe del Consejo Regional de Donetsk, y presenta esto como la justificación principal de la detención de Kolesnikov. Aunque, como resultó más tarde, Boris Penchuk fue atacado en 1999, y Kolesnikov aún no figuraba en el caso penal abierto entonces (que, por cierto, desapareció). Tampoco a favor de nuestros agentes del orden sonó la declaración de nuestra defensora del pueblo, Nina Karpachova, de que en el protocolo de detención de B. Kolesnikov no hay ni una sola base motivada para el arresto. Mientras tanto, Kolesnikov, al unir y activar esencialmente a todas las fuerzas de oposición, en el contexto de las constantes acciones de protesta de sus fanáticos de Donetsk y los bloqueos periódicos de la tribuna por parte de los diputados de la oposición, declaró el 8 de abril que, poco antes de su detención, fue convocado a la Secretaría del Presidente y se le exigió incluir en las listas electorales del Partido de las Regiones a “personas necesarias para el poder”. Una acusación absurda, por supuesto, incluso en las interpretaciones posteriores, ya transformadas, del señor Kolesnikov, pero los medios de comunicación se esforzaron por promocionarla. La situación se agudizó por el hecho de que, de repente, aparece ante los espectadores un “terrorista” que, con la amenaza de volar la central hidroeléctrica de Kyiv, exige liberar a Kolesnikov. Posteriormente, solo los medios de oposición mencionaron al “terrorista”, declarando que resultó ser un empleado de la policía del Ferrocarril del Suroeste. Es decir, que esto fue obra de los propios agentes de seguridad... La oposición también organiza la llegada a Kyiv de los familiares de los Penchuk, en particular de Oksana y Serhii Martynov, quienes declaran que las acciones del centro comercial “Cisne Blanco” (empresa familiar de los Penchuk encabezada por el padre, Volodymyr Penchuk) fueron vendidas voluntariamente en 2002. Los medios prácticamente no notan las declaraciones de Volodymyr y Boris (su hijo y en su momento director general del “Cisne Blanco”) Penchuk, de que la familia Martynov en realidad no tiene ninguna relación con ellos debido a un conflicto, y por eso no sabía nada sobre la extorsión de Kolesnikov. La oposición, al final, aunque no liberó a Kolesnikov, logró que el caso se retrasara al máximo. Aunque el Fiscal General Piskun declaraba desde el principio que en un mes el caso estaría cerrado (“incluso antes que el caso Gongadze”) y enviado a juicio, la Fiscalía General, tras retirar el caso prácticamente ya cerrado de la Dirección General de Investigación del Ministerio del Interior, hizo todo lo posible para arrastrar el caso hasta acercarlo a las elecciones. Durante todo este tiempo cambiaron 4 investigadores, cada uno obligado a estudiar el caso desde el principio, interrogar a las víctimas, al acusado y a los testigos, y realizar multitud de otras formalidades. Y los poderosos amigos de Donetsk del señor Kolesnikov no se quedaron de brazos cruzados. En julio lograron conseguir la continuación de la investigación de un caso ya cerrado, porque, como declararon Raisa Bohatyrova y el abogado Andrii Fedur, “se han encontrado pruebas irrefutables de la inocencia del señor Kolesnikov”, en particular que Kolesnikov, después de que los Penchuk vendieran las acciones, les transfirió a su cuenta 500 mil dólares, el precio real de las acciones, y no uno subestimado, como afirmaban los propios Penchuk. La nueva sensación y “prueba de decencia” de Kolesnikov es recogida por los medios, a pesar de que la Fiscalía General abrió casos penales contra Bohatyrova y Fedur por divulgación de información confidencial. Es característico que 73 diputados populares estuvieran dispuestos a avalar a Kolesnikov y se propusiera una fianza por un importe de 2,6 millones (!) de grivnas. Exclusivamente para él, los diputados de la oposición presionan y aprueban una ley que permite a los representantes populares avalar a los detenidos. Sin embargo, incluso sin esta ley, el 2 de agosto de 2005, el Tribunal de Apelaciones de Kyiv libera al señor Boris Kolesnikov del arresto bajo fianza y compromiso de no abandonar el lugar, sin haber recibido de la Fiscalía General fundamentos serios para prolongar el plazo de detención otros 6 meses (?!). Media hora después de la liberación, un avión espera personalmente a Boris Kolesnikov, el cual traslada al “rehén de la represión política” a Donetsk. Aún no habían terminado todos los medios de anunciar la liberación de Kolesnikov cuando sus abogados, entre ellos el estadounidense Richard Haibi, declararon que esto es una prueba práctica de la inocencia del jefe del Consejo Regional de Donetsk y que pronto será absuelto. Mientras tanto, el propio Boris Viktorovych ingresa inmediatamente en cuidados intensivos; si bien la arritmia cardíaca, afortunadamente, no amenaza su vida, se garantiza una noticia candente para los medios y la simpatía del público hacia el señor Kolesnikov. Todo esto no impide que Boris Kolesnikov comience a trabajar activamente de inmediato en el cargo de jefe del Consejo Regional de Donetsk. LA FISCALÍA GENERAL SE BURLA DE LOS PENCHUK. Ante todo esto, el público, lamentablemente, no conoció los hechos sustanciales reales que atestiguarían algún crimen de Kolesnikov. El Ministerio del Interior y la Fiscalía General se limitaron a declaraciones contradictorias y semipolíticas, y la familia Penchuk no deseaba “exponerse” públicamente. Afortunadamente, Boris Penchuk dio la semana pasada una amplia conferencia de prensa en Kyiv; si bien el lobby de Donetsk se preparó perfectamente para ella, creando, con la ayuda de sus representantes —medios controlados, servicio de prensa, abogados—, una atmósfera simplemente explosiva en la sala. Sin embargo, a través del ruido y la multitud de gritos-“preguntas” agresivo-provocativos, comentarios de los portavoces de Kolesnikov y del abogado Fedur, el público escuchó de Boris Penchuk y su abogado Viktor Chevguz la esencia del problema y la acusación contra Kolesnikov. Viktor Chevguz, mientras tanto, informó que, según la ley, se dan 2 meses para la investigación de un caso penal, y ya han pasado 5 meses, y el caso penal no está en el tribunal. El abogado señaló que el “Cisne Blanco” era una empresa familiar de los Penchuk. El padre de familia, Volodymyr Penchuk, dedicó más de 20 años a esta empresa, él la construyó. En este negocio se involucraron el hijo y otros miembros de la familia. Anualmente, la familia recibía dividendos: alrededor de 50 mil dólares. “Díganme, por favor, ¿quién vendería voluntariamente esta empresa? ¿Hubo alguna razón? Más aún, crecen los hijos y los nietos. Boris incluso terminó una segunda carrera universitaria para dedicarse a este asunto. Solo cabe una conclusión: les obligaron a vender”, resumió el señor Chevguz. Continuación en la pág. 4. Millones de personas durante la Revolución Nacional (o Naranja, para aquellos que temen la primera palabra y prefieren reducir esos eventos a una lucha electoral entre candidatos) lucharon precisamente contra el sistema criminal, para que los bandidos de todos los rangos y ramas del poder finalmente respondieran por lo cometido durante los 13 años de independencia proclamada e incluso durante las décadas anteriores de represión política contra la ucranianidad. En lugar de la dictadura, la permisividad de los cargos y el capital criminal, debía llegar la supremacía del derecho y la ley.
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